CUERPO DEL DELITO

Hola a todos y a todas... Hoy quiero insistirles en un tema que no podemos dejar de lado. Se trata de la violencia contra las mujeres en Colombia. En este caso, la violencia sexual.

Se han revelado en las últimas semanas varios estudios que revelan la gravedad del asunto en nuestro país, frente a lo que no podemos callarnos.

Veamos:

Si al estadio El Campín entran todas las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, se llenaría 14 veces. Cerca de 721.246 mujeres entre 13 y 49 años han sido violadas en el país. La mitad de ellas fueron abusadas antes de los 15 años. El 76% de las veces el agresor fue una persona conocida. Y el 80% de los casos no se denuncian. Al leer estas cifras contenidas en el último estudio realizado por Profamilia, no pude evitar estremecerme y reflexionar acerca de qué otras medidas se pueden tomar desde el campo político para proteger a las mujeres y a las niñas.

No es para menos. La situación de las mujeres es tan precaria que el 69% víctimas de este delito no han pedido ayuda y el 80% asegura no tener idea sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Callan y cargan sobre sus hombros en silencio la pena durante toda su vida, casi siempre, sintiéndose culpables. Como medidas preventivas se han lanzado a lo largo y ancho del país iniciativas, algunas más jocosas que otras. Van desde regalar un pito, para que las mujeres avisen cuando su pareja las maltrate, hasta campañas con reconocidos artistas para estimular la denuncia.

Pero en la práctica hemos avanzado poco, a pesar de la voluntad política de algunos sectores. Estas campañas por sí solas no lograrán masificar las acusaciones ante las autoridades. Es necesario que el Estado salga a proteger a esa mujer y ponga a su disposición los mecanismos que le permitan dejar el miedo a las represalias, a la estigmatización y a la culpa. Por eso, el Congreso aprobó –y esperamos que pronto sea sancionada por el Presidente- la Ley para erradicar la Violencia Contra la Mujer que, además de contrarrestar el maltrato contra las mujeres, pone el aparato estatal a favor de las víctimas del abuso sexual.

Así como medidas penales, la ley establece acciones concretas en la sensibilización y prevención: obligar a que se capacite a los servidores públicos en temas de violencia contra la mujer. Es aterrador que el 25% de los funcionarios de instituciones de salud entrevistados por la ONG Médicos sin Fronteras en cinco departamentos aceptara que no tiene información para tratar a los pacientes víctimas de violencia sexual, o que algunos reconocieran que no existen protocolos ni medicinas para atender este tipo de casos.

Eso sin contar a los policías y jueces que lo primero que preguntan es por el escote o el largo de la falda de la mujer abusada, lo que conlleva una doble victimización. Así, es casi imposible persuadir a las víctimas de que denuncien. Por esto, se abre la posibilidad para que las mujeres agredidas sexualmente puedan escoger quién las examina, si un médico o una médica; o que las audiencias de juicio se realicen a puerta cerrada.

El Congreso hoy más que nunca pretende garantizar los derechos de las mujeres. Pero nos falta. Y peor aun, estamos en mora de buscar la protección especial de aquellas mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dos de cada diez mujeres desplazadas huyó a causa de la violencia sexual por parte de alguno de los actores del conflicto. Eso sin contar las mujeres, reclutadas, esclavizadas, las obligadas a practicar aborto o las víctimas de mutilación genital. ¿Qué estamos haciendo por ellas? Nada. Mirarlas con desprecio e indiferencia. Hay que cambiar la perspectiva: el cuerpo debe dejar de ser un botín de guerra, y recobrar su sentido como fuente de vida.