¿Quién Responde por los niños y niñas reclutados por los Paramilitares?

Hola!!!

Hoy quiero insistir en un tema: El Reclutamiento de Niños y Niñas por parte de los grupos armados ilegales: FARC y Paramilitares. Esta semana dejé una constancia en la Planeria del Senado sobre el tema.

Creo que es necesario que frente a este tema Colombia abra los ojos. Hemos mantenido una venda en los ojos en el tema de reclutamiento de niños. Somos el cuarto país en reclutar niños después de Congo, Ruanda y Myanmar.

Esta venda en los ojos antes la hemos mantenido durante y después del proceso de paz con los paramilitares.

Repasemos la ley de justicia y paz: Uno de los requisitos previos de elegibilidad era que los grupos armados entregaran a los niños, niñas y adolescentes, pero el Comisionado para la Paz siempre tiraba la pelota, siempre evadió el tema, y a pesar de que se tenía un pronóstico, que las AUC tenían en sus filas a unos 2.000 niños y adolescentes, tan solo entregaron 300. Pero el lunes, alías el Alemán en su versión ante justicia y Paz señaló que su bloque reclutó a más de 350 adolescentes, pero que por sugerencia del Alto Comisionado para la Paz enviaron a 149 adolescentes para sus casas.

El Comisionado desmiente la versión. ¿Quién esta diciendo la verdad? Si la verdad la esta diciendo el Comisionado, El Alemán debe perder hoy los beneficios de Justicia y Paz y pasar a justicia ordinaria, pero si es el Alemán el que esta diciendo la verdad, el Comisionado debe respondernos a nosotros, y a la humanidad.

De esta constancia Señor Secretario, solicito que se corra traslado al Procurador General de la Nación y al Fiscal General de la Nación porque aquí alguien tiene que responderle al País y a las Familias de esos niños de quienes hoy no sabemos nada.

Lo cierto es que las cifras del pronóstico de niños y adolescentes que estaban vinculados a las AUC y los niños que recibió el ICBF durante le proceso de desmovilización no hay ninguna correlación.

Pero hay más. El Fiscal General de la Nación, -quien tiene por función investigar los crímenes en esta sociedad- a pesar de que hoy los peores crímenes que se están cometiendo, como lo es el reclutamiento de niños, se encuentran impunes: tan solo dos investigaciones se encuentran en etapa de juicio.

Sabiendo él, como lo sabemos todos los colombianos, que por lo menos 6.000 niños y adolescentes se encuentran reclutados.

Tenemos los ojos cerrados a la causa del desplazamiento. Cientos de familias de zonas como Buenaventura, Norte del Cauca y Catatumbo del Tolima se han visto obligadas a dejar sus casas, sus tierras para evitar que sus hijos sean llevados a la guerra y otras miles esperan que sus hijos reclutados sean devueltos.

Nosotros como por variar al contrario de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, mientras el mundo se mueve en la vía de proteger a la niñez, mientras la Corte Penal Internacional estrenó su jurisdicción persiguiendo a Thomas Lubanga, acusado de alistar y reclutar a seis (6) menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y agosto de 2003 en el Congo, aquí nos damos el lujo de mantener la reserva para que estos crímenes no sean investigados por la Corte Penal Internacional sino hasta diciembre del próximo año y la Fiscalía se da el lujo de no investigar este crimen de Guerra.

¿Qué factor disuasivo podrá tener un jefe guerrillero para no seguir reclutando, cuando sabe que ni la CPI lo puede investigar y que la Fiscalía General de la Nación pudiendo hacerlo no lo hace? Ninguno.

Al no sentir que la justicia ni nacional, ni internacional pueda tocarlos, hoy somos testigos de una nueva versión del reclutamiento, que bandas emergentes y delincuenciales como “Héroes de Vichada”, “los 40” en Atlántico, “los paisas” en Córdoba o las “águilas negras” vienen realizando.

Algunas aprovecharon a los adolescentes que no fueron entregados por los paramilitares – ojalá no por sugerencia del Alto Comisionado- al momento de su desmovilización, para integrarlos a sus organizaciones, otras lo han venido realizando de manera sistemática en ciudades como Pereira o departamentos como el Tolima.

Y esta nueva versión del reclutamiento, se suma a la práctica de la guerrilla de reclutar a niños y jóvenes indígenas como lo denunció Saray Vitonás, gobernadora del resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a quien las FARC le reclutó a cuatro jóvenes a principio de este año.

El hecho que las bandas emergentes no sean consideradas como grupos armados al margen de la ley, sino como bandas delincuenciales y que por tal razón no pueda perseguírseles por reclutamiento ilícito, no puede convertirse en un obstáculo para que el Fiscal para perseguirlos penalmente por el delito de constreñimiento para delinquir agravado.

No hay ninguna razón para mantener la reserva de la Corte Penal Internacional frete a los crímenes de Guerra como lo es el reclutamiento ilícito.

La razón de esa reserva fue hacer un gesto de paz con las FARC, pero estas no han mostrado voluntad de paz y lo que muestran los estudios es que todos los días siguen reclutando niños.

Desde aquí le hago un llamado al Fiscal general de la Nación para que en este año que le resta, no quede en deuda con la niñez reclutada por los grupos armados y por las bandas emergentes y mueva todo su aparato investigativo a perseguir y acusar a los responsables de este crimen.

Un llamado, para que no se espere al 2009 para levantar la reserva que tiene la CPI para investigar los crímenes de Guerra, es hora que el Mono Jojoy, Romaña e Ivan Márquez sientan sobre su cuello la espada de Damocles que significa la CPI cuando recluten a un niño o adolescente.

Y sobre todo un llamado para que nos expliquen donde están los niños de los paramilitares, es cierto lo que dice el Alemán que el Comisionado sugirió no entregarlos. Si es así el Comisionado nos debe una explicación, si lo que dice el Alemán no es cierto debe perder hoy los beneficios.

De lo contrario, cada día guerrilla, bandas emergentes y delincuenciales, seguirán viendo en los niños y adolescentes, la mejor materia prima para sus empresas criminales.

EL DEBATE DE LA FORMALIDAD

Hola de nuevo...

Para esta semana, quiero plantearles un debate en el tema del acceso a la salud y los niveles de empleo informal en Colombia. Partiendo de cómo estuvo concebido el sistema de aseguramiento en salud...

Espero sus comentarios...

Que el país alcanzaría niveles aceptables de formalización de la economía era una de las premisas al momento de concebir el actual sistema de salud colombiano. Sin embargo, hoy los niveles de informalidad son del 56%, trayendo consigo una precarización del empleo, bajos ingresos y la no cotización de pensiones, así como una sobrecarga al régimen subsidiado en salud.

La ley 100, tal como fue pensada, es un gran avance. Pasamos de tener un sistema en donde existía un régimen de seguridad social para los del sector productivo que cubría al 22% de la población, y un régimen público, en teoría destinado a brindar cobertura universal a la gente, pero que sólo atendía al 40%. Con la reforma del 93 se planteó una muy buena fórmula, pero que aun le falta implementación. Se esperaba que quienes no tenían afiliación en salud entraran al Régimen Contributivo, permaneciendo un corto tiempo en el régimen subsidiado. Con esto, la mayoría de los afiliados no necesitarían del subsidio del gobierno y el sistema sería autosostenible.

Pero esta migración del régimen subsidiado al contributivo, no se está dando. La realidad nos muestra una situación muy diferente. Según el Ministerio de Protección Social, la cobertura del Régimen Contributivo entre 2000 y 2006 pasó de 33,55 a 36,92%, que equivale a un incremento en 1.836.194 de personas. Un ínfimo crecimiento si se compara con el Régimen Subsidiado que en el mismo periodo pasó de 9.510.566 a 20.107.223 -hoy corresponde al 40,4% del total-, casi duplicándose. Esto sumado a que el 16,76% (7.275.850) de los colombianos no tienen ningún tipo de servicios de salud.

Entonces qué vamos a hacer: ¿Vamos a continuar ampliando los subsidios? ¿O contemplaremos el problema estructural que implica políticas que propicien la vinculación al sistema contributivo mediante la formalización del empleo?

Este es el debate que propongo. Por eso el pasado 13 de Agosto presenté una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que busca la revisión del Artículo 162 de la Ley 100 de 1993, que habla de los Planes Obligatorios de Salud (POS) diferenciados, teniendo en cuenta que para el 2001 debía existir solo un POS, y en este caso el más completo de los dos, el correspondiente al Régimen Contributivo.

Si bien en este caso el argumento fundamental de la demanda es el de la igualdad de servicios (la salud es una sola), independientemente del régimen a que pertenecen los ciudadanos, la discusión de fondo que queremos plantear es cuáles son las barreras que no están permitiendo la formalización de la economía y por lo tanto han llevado a un crecimiento exponencial de los beneficiarios del régimen subsidiado en salud, que hoy cuesta 5.4 billones de pesos, convirtiendo lo que debería ser excepcional, en la regla.

Dicho de otra manera: cuando diseñamos el sistema de salud, el Régimen Contributivo (y su POS podríamos agregar) debía ser la regla aplicable en una población con un empleo formal, y el Régimen Subsidiado una estación de paso para quienes perdían su empleo , quienes así encontraban cobijo para su salud hasta el momento de recuperar su ocupación regular. En este tema es que tenemos que avanzar, no en paliativos que fortalezcan el círculo vicioso de la pobreza.

En nuestro país no existen reglas claras que eliminen barreras a la incorporación formal de nuestros ciudadanos, que a su vez sufraguen sus propios servicios. Desde 1993 decidimos que en el año 2001 el servicio de salud fuera uno solo, pero ¿qué hemos hecho para lograrlo? ¿Qué hemos hecho para profundizar la formalidad en nuestro país? Ante este panorama, es fundamental dejar de subsidiar el problema y más bien pensar en eliminar las barreras a la formalización.

EL PARAÍSO ES AQUÍ

Hola a todos y a todas. Gracias por sus comentarios a los temasm que he planteado en mi Blog. Espero que sigan activos participando. Hoy quiero plantearles una porpuesta que ha tenido buena acogida en el país, y quiero saber qué opinan ustedes: Convertir a San Andres en un Centro financiero Internacional.

Desde hace 15 años se ha planteado que San Andrés debería ser un paraíso financiero, al estilo de Singapur, Bahamas o Bermuda. Todas islas con características geográficas similares a la nuestra. La diferencia radica en que ellos desde hace más de 30 años tomaron la decisión política de explotar sus ventajas comparativas y buscar su desarrollo. Mientras tanto, nosotros miramos desde lo lejos el crecimiento de la pobreza del Archipiélago sin hacer mayor cosa.

La precaria situación de San Andrés refleja la necesidad de aprobar proyectos de desarrollo para el archipiélago. Su población tiene el 40 % de las necesidades básicas insatisfechas (cuando la media nacional es del 27 %), el 38 % no tiene aseguramiento en salud, y el 84 % de las viviendas no cuenta con saneamiento básico, en estas circunstancias el bienestar de la población debe ser una prioridad. Pero hoy, ni siquiera la Encuesta Integrada de Hogares del DANE llega allá.

LA PROPUESTA

Este sombrío panorama me impulsó con el Representante a la Cámara Julio Gallardo, a presentar un proyecto de ley para que en San Andrés las entidades financieras puedan prestar servicios financieros en monedas distintas al peso colombiano, y además que el trámite para la creación de sociedades sea más flexible, el objetivo es convertir al archipiélago en un polo de la formalidad.

CENTRO FINANCIERO INTERNACIONAL

Actualmente solo Venezuela y Colombia no permiten que sus ciudadanos manejen cuentas dentro de los respectivos países en moneda extranjera. Por eso si un colombiano quiere abrir una cuenta en yenes, euros o dólares lo hace, pero en Panamá. La consecuencia es que el 15% de los depósitos colombiano negociables se nos escapan por esta vía, aunque podrían ser mas, pues estadísticamente no se conocen cifras sobre el capital de personas naturales. Es decir que de los 71.500 millones de dólares que maneja nuestro sector financiero, casi la quinta parte debe buscar servicios en el exterior.

Esto significa que no solo estamos perdiendo anualmente una parte de nuestro capital nacional, sino que le estamos haciendo el negocio a Centros Financieros cercanos como Panamá, además de forzar a nuestros ciudadanos a hacer operaciones financieras en lenguas y normas diferentes a las nuestras.

SIMPLIFICACIÓN DE CREACIÓN DE SOCIEDADES

Adicionalmente dentro del proyecto de Ley, estamos articulando los servicios financieros especiales, con una política de flexibilización en la creación de empresas, a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas del Archipiélago: constitución de empresas por escritura privada, certificación de existencia de la sociedad por Internet, no se requiere que las reuniones sean en el domicilio de constitución, entre otros elementos. Permitiremos entonces un beneficio inmediato que reducirá los costos económicos del emprendimiento empresarial.

CUÁL SERÍA EL IMPACTO

Esta dinámica de generación formal de negocios, irá acompañada del círculo virtuoso que produce un sector financiero: empleo de mano de obra calificada, tecnología de punta, infraestructura, vinculación formal de sus empleados. Además, ampliamos el crédito por el estímulo al ahorro, con lo que inyectamos financiación al sector productivo de la economía.

Estoy segura que estas medidas contribuirán al desarrollo del Archipiélago, mediante unas innovaciones que se reflejarán en el bienestar de sus habitantes, construiremos soberanía, y saldaremos una cuenta pendiente al brindar mejores servicios a nuestros emprendedores y a quienes deben migrar su capital por las condiciones en que actualmente los obligamos a operar.

El Mundo Al Revés

No puedo pasar por mi blog y no plantearles un tema que me preocupa mucho y que necesitamos que sea de interés por todos los colombianos y sobre todo de las autoridades para poder contrarrestarlo. Estoy hablando de la violencia contra la mujer.

Hoy, cómo están las cosas en nuestro país?

Tan grave que es la misma mujer violentada la que tiene que entregarle la boleta de notificación de la denuncia interpuesta en la fiscalía, a su compañero, quien horas antes le propinó tremenda golpiza que la mandó a medicina legal. Y si logra tener la valentía de hacerlo, es muy fácil que desista de la denuncia por el miedo que le genera enfrentarse a su agresor. Actualmente, el Estado colombiano y las autoridades judiciales en lugar de proteger a esa mujer que ha tenido la valentía de denunciar –solo el 20% de las mujeres maltratadas ponen en conocimiento el hecho ante las autoridades-, la deja a la deriva, para que se las arregle sola, a su suerte.

Desde hace un año, el Congreso de la República trabaja para proteger a las mujeres maltratadas. Así logro transformar el delito de violencia intrafamiliar de un delito querellable a un delito de oficio. En el primer caso, la víctima tiene que denunciar para poner en funcionamiento el aparato judicial y puede desistir y conciliar. En el segundo, cualquier ciudadano puede denunciar, o el estado con solo la noticia del crimen puede iniciar la investigación, y no hay posibilidad de desistimiento ni de conciliar la violencia. Dadas las circunstancia de indefensión en que se encuentra una mujer golpeada la variación del tipo de delito era fundamental.

Sin embargo, por petición de algunos Senadores, se estableció un hibrido: que fuera de oficio pero conciliable previo concepto del ICBF. Esto bajo el argumento del perdón, de proteger a la familia, y dar cabida a la reconciliación en los casos en que no se corriera el peligro de la reincidencia. En la práctica esta medida fracasó.

Así quedó demostrado en el programa “Especiales Pirry”, en el que se hizo seguimiento a uno de los 14.475 casos de agresiones de mujeres que llegaron durante los primeros 5 meses del año a las salas de espera de medicina legal. Juliana –la víctima- hizo todo lo posible: fue a la fiscalía, interpuso la denuncia contra su compañero. A pesar de los nervios, entregó la notificación en la casa de su agresor. Se recuperó del golpe en la cabeza, y cuando llegó el momento de la audiencia, lo primero que les propuso el juez fue la conciliación porque “el proceso sin conciliación se demoraría un año por lo menos”. Claramente, Juliana desistió, ante las promesas de que el golpe no volvería a suceder. Y hoy lo único que nos queda es rezar para que no la manden al hospital nuevamente.

Ante estas fallas, es necesario anular esa figura atípica de la ley, y quitar de tajo la posibilidad de conciliación en el delito de violencia intrafamiliar. Se estima que el 90% de los casos las mujeres vuelven a ser golpeadas y es esa reincidencia la que tenemos que prevenir para que no llegue la hora final: la muerte. Con esto, además enviamos un mensaje importante a la sociedad, a las instituciones y sobre todo a las víctimas de este delito: al Estado sí le importa lo que suceda con las mujeres y los niños que han sido maltratados sistemáticamente. Hay que sacar la violencia intrafamiliar de la esfera de lo privado, enfrentarlo y no darle la espalda a las víctimas, para que Colombia deje de ser, como tituló Pirry su programa, un país de cobardes.

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Sigo preguntando: ¿Dónde están los niños y las niñas reclutados por guerrilla y paras?

El Gran Hermano

Hola... Muchos de ustedes, supongo, se han preguntado durante las últimas semanas, ¿qué consecuencias traría para Colombia, la hermandad de las FARC con el Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega?

Mi tesis sobre el tema es la siguiente:

1. Esta relación no es nueva: Desde el Caguán Ortega les aconsejó a las FARC que pidieran el status de beligerancia, y hoy como Presidente de Nicaragua él lo pide por ellas en franca "apología del terrorismo". Este año condenó la baja de Raúl Reyes, lamentó la muerte de Marulanda, rompió relaciones con Colombia en solidaridad con Ecuador y le pidió al Presidente Correa que las mantuviera rotas también. Para completar, cuando el grupo terrorista expresó su deseo de reunirse con él para tratar ''asuntos de la guerra y de la paz'', no solo respondió que sí, sino para que ello no necesitaba permiso de nadie.

2. Ortega es conocido por sus simpatías con terroristas internacionales. En los años 80 ayudó a través de los servicios secretos sandinistas a reestructurar el aparato logístico de la ETA que había sido debilitado por el estado español. En la época de la guerra civil nicaragüense recibió armamento de países de las ex repúblicas socialistas soviéticas. Parte de este arsenal fueron los misiles tierra-aire, MANPADS (Man Portable Air Defense System), que según los correos de Raúl Reyes, son los que las FARC buscan desde hace algún tiempo para poder derribar helicópteros de nuestra Fuerza Pública. Ese es el verdadero riesgo de la hermandad Ortega – FARC para nuestra seguridad nacional, más allá de las manifestaciones de amistad mutua.

3. Aprovecharse de el litigio por San Andrés: Seguramente quiere pescar en “mar revuelto”. Para tratar de ignorar la jurisprudencia internacional que establece la validez del tratado Esguerra – Barcenas de 1928, y que no le permite al líder nicaragüense acercarse a nuestras costas de San Andres y Providencia.

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Nicaragua es catalogada por Unicef como el tercer país más pobre de las Americas. De una población de 5.1 millones de habitantes, 2.3 millones son pobres. Uno de cada tres niños tiene algún grado de desnutrición crónica, y solamente el 29% de los niños y niñas logran finalizar la escuela primaria. Frente a un panorama así, ¿por qué Ortega no se ocupa de los graves problemas internos? ¿Será acaso que busca poner una cortina de humo para distraer la atención de los nicaragüenses?.

Los colombianos no queremos conflictos con Nicaragua, y seguramente los nicaragüenses, esos si hermanos nuestros, tampoco con Colombia. El pueblo Nicaragüense lo que necesita en éste momento es un líder que se preocupe por sus necesidades. Y los colombianos que nos respete nuestro derecho soberano a buscar la paz y la tranquilidad cómo mejor nos parezcan