No puedo pasar por mi blog y no plantearles un tema que me preocupa mucho y que necesitamos que sea de interés por todos los colombianos y sobre todo de las autoridades para poder contrarrestarlo. Estoy hablando de la violencia contra la mujer.
Tan grave que es la misma mujer violentada la que tiene que entregarle la boleta de notificación de la denuncia interpuesta en la fiscalía, a su compañero, quien horas antes le propinó tremenda golpiza que la mandó a medicina legal. Y si logra tener la valentía de hacerlo, es muy fácil que desista de la denuncia por el miedo que le genera enfrentarse a su agresor. Actualmente, el Estado colombiano y las autoridades judiciales en lugar de proteger a esa mujer que ha tenido la valentía de denunciar –solo el 20% de las mujeres maltratadas ponen en conocimiento el hecho ante las autoridades-, la deja a la deriva, para que se las arregle sola, a su suerte.
Desde hace un año, el Congreso de la República trabaja para proteger a las mujeres maltratadas. Así logro transformar el delito de violencia intrafamiliar de un delito querellable a un delito de oficio. En el primer caso, la víctima tiene que denunciar para poner en funcionamiento el aparato judicial y puede desistir y conciliar. En el segundo, cualquier ciudadano puede denunciar, o el estado con solo la noticia del crimen puede iniciar la investigación, y no hay posibilidad de desistimiento ni de conciliar la violencia. Dadas las circunstancia de indefensión en que se encuentra una mujer golpeada la variación del tipo de delito era fundamental.
Sin embargo, por petición de algunos Senadores, se estableció un hibrido: que fuera de oficio pero conciliable previo concepto del ICBF. Esto bajo el argumento del perdón, de proteger a la familia, y dar cabida a la reconciliación en los casos en que no se corriera el peligro de la reincidencia. En la práctica esta medida fracasó.
Así quedó demostrado en el programa “Especiales Pirry”, en el que se hizo seguimiento a uno de los 14.475 casos de agresiones de mujeres que llegaron durante los primeros 5 meses del año a las salas de espera de medicina legal. Juliana –la víctima- hizo todo lo posible: fue a la fiscalía, interpuso la denuncia contra su compañero. A pesar de los nervios, entregó la notificación en la casa de su agresor. Se recuperó del golpe en la cabeza, y cuando llegó el momento de la audiencia, lo primero que les propuso el juez fue la conciliación porque “el proceso sin conciliación se demoraría un año por lo menos”. Claramente, Juliana desistió, ante las promesas de que el golpe no volvería a suceder. Y hoy lo único que nos queda es rezar para que no la manden al hospital nuevamente.
Ante estas fallas, es necesario anular esa figura atípica de la ley, y quitar de tajo la posibilidad de conciliación en el delito de violencia intrafamiliar. Se estima que el 90% de los casos las mujeres vuelven a ser golpeadas y es esa reincidencia la que tenemos que prevenir para que no llegue la hora final: la muerte. Con esto, además enviamos un mensaje importante a la sociedad, a las instituciones y sobre todo a las víctimas de este delito: al Estado sí le importa lo que suceda con las mujeres y los niños que han sido maltratados sistemáticamente. Hay que sacar la violencia intrafamiliar de la esfera de lo privado, enfrentarlo y no darle la espalda a las víctimas, para que Colombia deje de ser, como tituló Pirry su programa, un país de cobardes.
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Sigo preguntando: ¿Dónde están los niños y las niñas reclutados por guerrilla y paras?
